En Cartagena, en el coloquio organizado por FCC Business y Cartagena Avanza, he compartido que el agua debe ser un eje central de la política nacional mediante un plan de inversión en infraestructuras hidráulicas para afrontar la emergencia climática. Debemos actuar desde la cooperación, porque tenemos el conocimiento, la tecnología y la capacidad de gestión para que el agua no falte para nadie, pero nos falta gobernanza.
Esta cooperación se manifiesta mediante un compromiso real con el entorno, con la sociedad. Para ello, es fundamental un modelo de empresa que va más allá de la gestión y del conocimiento; sino que tiene un compromiso con las personas para afrontar los retos actuales y futuros.
Entre los desafíos actuales a los que tenemos que hacer frente, se encuentra la geopolítica, que ha tenido un impacto en las empresas de una manera contundente, especialmente por el encarecimiento de materias primeras y de determinados productos, y en la manera de comprar y de producir. La geopolítica influye en la perspectiva empresarial en cómo somos capaces de prever y de avanzarnos a lo que va a suceder.
En segundo lugar, otro reto que afecta nuestra actividad es el cambio climático. Es ya inevitable cambiar nuestro modelo económico hacia una economía circular. Desde el ámbito del agua, la energía y los residuos, nos estamos concentrando en hacer posible una economía más sostenible.
Un tercer punto es la desigualdad social. En Latinoamérica, el 30 % de la población en las grandes ciudades que gestionamos no tenía acceso al agua. Por ello, nuestra gestión ha consistido en cómo éramos capaces de dar agua y alcantarillado lo más rápidamente posible para no excluir a estas personas.
Tenemos la obligación de actuar, tanto las empresas como las administraciones, como el sector educativo, como la ciudadanía en general, para afrontar estos desafíos de una manera conjunta.
Esta colaboración y cooperación es también imprescindible en la gestión del agua. Hay quien pretende hacer una competencia entre los distintos usos de este bien escaso. Pero con una adecuada gobernanza, hay agua para todos.
El agua es un bien esencial, es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurar el agua para las personas. Hemos pasado por un contexto sanitario muy difícil, en el cual hemos demostrado -las empresas, sobre todo- que hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias. En nuestro caso, durante el COVID, hemos asegurado que hubiera agua para toda la población, porque era esencial.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que, a escala mundial, un 75 % de toda la población mundial vivirá en áreas urbanas en el 2050. El objetivo global es asegurar ese suministro para las ciudades con una gestión eficiente de los recursos hídricos, que pasa por no tener pérdidas en la red -Cartagena es una ciudad líder en eficiencia de red de agua- y por un compromiso con la sociedad, materializándose mediante la colaboración público-privada.
Asimismo, para realmente asegurar el suministro en las ciudades, la reutilización de las aguas es clave. Si podemos reutilizar el 100 % de las aguas y desvincular ya la sequía de la lluvia, ¿por qué todavía tenemos preocupación por la sequía y dependemos de las precipitaciones? Disponemos de la tecnología y el conocimiento para disociar los períodos de lluvia de las sequías mediante la reutilización.
En tercer lugar, en el ámbito de la agricultura, es evidente que se va a tener que producir más con menos recursos. Se ha hecho un esfuerzo notable, porque desde los años setenta se ha duplicado la población, pero no ha aumentado la superficie agrícola, incluso ha disminuido. Pero debemos seguir esta necesaria modernización de los regadíos para una gestión eficiente.
En cuarto lugar, la industria tiene la obligación de tratar los recursos de manera circular. No solo el agua, sino también la energía y los residuos deben tener esta circularidad dentro del proceso productivo. Respecto al hidrógeno verde, estamos participando en una iniciativa empresarial en Cartagena. La industria, por tanto, es punto de lanza de esta transformación ecológica.
Por tanto, queda demostrado que el agua debería ser el eje central de una política nacional. Porque tenemos el conocimiento, la tecnología y la capacidad de gestión para que el agua no falte para nadie. Pero nos hace falta gobernanza, una administración global de este recurso por parte de las instituciones. No puede ser que cada mes España siga pagando multas a la Unión Europea por falta de depuración en determinados lugares.
Asimismo, necesitamos que se invierta en infraestructuras. Se ha puesto en marcha un PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) relacionado con la digitalización, pero no se ha desarrollado un plan nacional de infraestructuras hidráulicas ante las necesidades que tenemos como país. El Colegio de Ingenieros de Caminos ha cuantificado que la degradación de las infraestructuras hidráulicas del país va a precisar una inversión de 18.351.000.000 de euros de media anual en la próxima década.
Dentro de estas inversiones, debemos incorporar los sistemas digitales de gestión integrada para asegurar el suministro de agua en épocas de escasa pluviometría y descenso de los embalses, con el objetivo de optimizar los recursos hídricos. La monitorización y recarga de acuíferos también es de vital importancia para el campo de Cartagena, para la Manga del Mar Menor.
En resumen, se debe planificar, analizar y actuar. Y la manera de hacerlo es mediante un Plan Nacional de Obras Hidráulicas, especialmente invirtiendo en infraestructuras de resiliencia urbana. De esta forma, podremos mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a DANAS y fenómenos extremos.
Así debemos avanzar hacia una visión conjunta de la gestión del agua, de la energía, de la alimentación y de la agricultura con las tecnologías que tenemos a disposición. Ante la necesidad de una gobernanza efectiva, requerimos una nueva estructura de país de la administración hidráulica y con un mensaje que garantice la seguridad hídrica para todas las personas y usos.
Poner al día las confederaciones hidrográficas realmente facilitará esta colaboración y esta inversión en infraestructuras. También son necesarios cambios en las comunidades de regantes para que, mediante una ley, puedan convertirse en auténticos operadores del territorio y tomar las decisiones más eficientes para ese uso del agua.
En otro sentido, a pesar de que los ayuntamientos son los competentes para asegurar el agua en los municipios, se deben definir cuáles son las características generales y las condiciones de calidad mínimas en la prestación del servicio mediante una regulación conjunta, para asegurar que todos los costes verdaderamente se asocian a estos precios.
Creo firmemente que, si todos cooperamos, colaboramos mediante la participación público-privada, con rigor y esfuerzo, seguiremos avanzando en una gestión sostenible del agua, que garantice este recurso escaso para todas las personas y todos los usos.
