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Fondo de Solidaridad para garantizar el derecho al agua

15 de enero de 2016

Fondo de Solidaridad para garantizar el derecho al agua

Como consecuencia del contexto económico actual, muchas familias en nuestro país han visto disminuir su renta significativamente al quedar uno o varios de sus miembros sin empleo. Este fenómeno ha conllevado a su vez un aumento de la pobreza, algo que parecía impensable sólo unos pocos años atrás y que ahora constituye una de las mayores preocupaciones sociales de nuestros días.

En la mayoría de ocasiones, la primera imagen que nos suele venir a la cabeza al pensar en pobreza es la falta de alimento. Pero además, se añade el hecho de no poder acceder a otros bienes y servicios básicos como la educación, la sanidad, el agua, la electricidad, el gas, la cultura, la vestimenta, entre otros, que aseguran la calidad de vida.

Con el propósito de colaborar en la lucha contra la pobreza en familias con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social, la Fundación Agbar instauró hace tres años el Fondo de Solidaridad en el Área Metropolitana de Barcelona, en colaboración con los respectivos ayuntamientos. El pasado mes de diciembre se presentó en el espacio Àgora Agbar de Cornellà de Llobregat el informe elaborado por Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, que ha analizado el diseño e implementación de este proyecto valorándolo como muy positivo, especialmente por su gestión sencilla y poco costosa, por la gran compenetración público - privada y por haber logrado llegar a las familias que más lo necesitan. Cabe anotar que en Cataluña el 40% de los hogares tiene dificultades para realizar todos sus pagos a final de mes, representando los gastos de la vivienda hasta un 33% de los ingresos.

Aprovecho para detallar ahora cómo funciona el Fondo de Solidaridad y cuál ha sido su recorrido. La ayuda consiste en la bonificación de la cuota de consumo de agua durante dos bimestres renovables hasta un año, así como también la postergación de las facturas pendientes con el objetivo de que los hogares con escasez de recursos tengan asegurado el suministro y no se vean privados de este bien elemental.

Desde sus inicios en 2012, el Fondo de Solidaridad ha concedido más de 54.000 ayudas en los 24 municipios donde prestamos suministro, los cuales aglutinan el 90% de la población del Área Metropolitana de la capital catalana. En el conjunto de estos municipios se han destinado cerca de dos millones de euros a pagar el servicio de agua a más de 12.400 familias durante 2015. Gracias a la encuesta de Ivàlua a 400 beneficiarios del Fondo de Solidaridad sabemos que más de la mitad de los mismos se encuentran actualmente en paro, que el 74% no ha cursado estudios postobligatorios, que el 60% son mujeres y que un 73% son de nacionalidad española.

En medio de un debate institucional y mediático sobre las soluciones que deben adoptarse para hacer frente a la pobreza, según mi punto de vista, el Fondo de Solidaridad se erige como una iniciativa exitosa de colaboración público - privada, una simbiosis equilibrada que ha demostrado gran efectividad e impacto positivo en la sociedad. Se trata de un sistema de gestión eficaz y sencillo por el cual Agbar provee las ayudas y los servicios sociales de los municipios las integran en su cartera de prestaciones económicas siendo ellos los encargados de seleccionar a las familias con problemáticas más acuciadas a través de sus instrumentos de valoración económico-social.

Me gustaría aprovechar este punto para destacar que Aigües de Barcelona solo percibe alrededor de un 50% del recibo del agua de sus clientes. El resto del importe se reparte entre organismos públicos, entre los que se encuentran l'Agència Catalana de l'Aigua y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de tasas, impuestos y del canon del agua. Por este motivo, creo que sería conveniente que las administraciones públicas se implicaran en la cofinanciación de facturas de agua de familias en situación de pobreza a través de iniciativas como nuestro Fondo de Solidaridad.

El acceso al agua es un derecho humano fundamental y un puntal en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo de Solidaridad contribuye a garantizar este propósito reafirmando nuestro compromiso con una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

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